En las páginas que siguen, intentaré reflexionar sobre cómo, en la cultura jurídica y las prácticas de justicia del Antiguo Régimen europeo, se concebía la gestión de las cosas y las personas abandonadas, partiendo de una idea que parece ser compartida en este mundo pre-moderno: que cada relación social conlleva una responsabilidad, en el sentido de deber de responder ante algo o ante alguien, hacerse cargo, cuidar. Al mismo tiempo, esta reflexión debe tener en cuenta el hecho de que en el mundo del Antiguo Régimen la frontera entre los estatutos de las cosas y los de las personas no está tan claramente marcada como en el mundo moderno.3

Si analizamos tanto las fuentes normativas como las prácticas de la justicia del Antiguo Régimen, lo que surge es un mundo en el que el “deber de tutela” se extiende a todos los niveles del cuerpo político, y se ejerce tanto sobre las cosas como sobre las personas. Si existe por lo tanto un “soberano padre y tutor” (MANNORI 1994; PREMO 2005), en efecto la tutela es una técnica de gobierno que impregna toda la sociedad corporativa (CLAVERO 1995), desde la familia hasta cada colegio, gremio, cuerpo, universitas que forma parte de la Respublica (BRUNNER 1970; FRIGO 1980; FRIGO 1991; SEELANDER 2017; ZAMORA 2017; ZAMORA 2024).

Por lo tanto, me gustaría colocar en paralelo dos procedimientos judiciales que los vasallos (y vasallas) del Rey de Castilla podían utilizar para evitar el abandono de cosas y personas: los expedientes de vida maridable y los expedientes de bienes de difuntos. Me concentraré tanto en las fuentes normativas como en casos judiciales, para mostrar que hay una constante analogía entre vínculos reales y personales, lo que apunta a una cuestión específica: toda relación de dominio – es decir «el mando y superioridad que uno tiene, no solo en los bienes, como alhajas, casas, tierras, &c. sino también sobre las personas» (Diccionario de Autoridades, 1732, t. III, ad vocem) – conlleva una responsabilidad, que se expresa principalmente en términos de la obligación de cuidar, de hacerse cargo.

Hace unos años, Tamar Herzog publicaba en los Annales un artículo fundamental, en el cual ponía en duda la dicotomía entre un mundo indígena, sometido a políticas de reducción y repoblación, concebidas para lograr su “integración política [...] en una comunidad local”, y la supuesta libertad de elección de lugar de residencia para los españoles, protagonistas de un proceso de colonización como “proceso de fundación de ciudades y aldeas” (HERZOG 2007, p. 507). En realidad, decía Herzog en otro importante ensayo, lo que había que evitarno era tanto el movimiento en sí, sino la libertad resultante de la soledad y la independencia. Así pues, todo desplazamiento – de los primeros como de los segundos – debía terminar con una reintegración en una comunidad, ya fuera territorial o familiar: si en principio el ius migrandi “permitía a los individuos trasladarse de una comunidad a otra, les prohibía quedarse solos” (HERZOG 2012, p. 193).

De hecho, entonces, hubo un proceso de colonización tanto interno como externo, que pesaba tanto sobre la República de los Españoles como sobre la de los indígenas. Los dos estaban forzados a residir en comunidades, tener su casa abierta y vivir allí con sus familias y herederos. En una palabra, en un cuerpo4.

Sin embargo, hay que señalar que estos cuerpos no estaban formados sólo por personas, sino que pueden considerarse más propiamente como universitates formadas por conjuntos de cosas y personas. En la cultura jurídica de antiguo régimen, tanto el cuerpo más natural y necesario como era la familia, como el conjunto de la Respublica, son considerados como configuraciones de cosas y personas unidas por relaciones de interdependencia. Como los famosos pasajes de Bartolo de Saxoferrato o Alberico da Rosciate dejan claro (familia accipitur in iure pro substantia; familia id est substantia)5 la familia es una comunidad integrada de

pessoas […] (como os parentes vivendo em comunhão doméstica), os criados e os escravos, mas também os próprios bens, que se integravam na sociedade familiar, sendo por vezes designados como “família”»

El patrimonio familiar, entonces, puede “representar” a las personas (CORTESE 1980; ROMANO 1994; CONTE 2001; OTADUY 2015).

Análogamente, la Respublica no puede prescindir de sus res: según la famosa definición de Jean Bodin, esta estaba formada por “muchas familias, y de lo común a ellas” (BODIN 1590, L. I, C. I, p. 1), un conjunto de personas y cosas (familiarum rerumque)6. No hay República, ni casa, ni cuerpo, sin recursos en común: “la palabra comunidad vale tanto como dezir, que no ay colegio, donde no ay cosa de común” (BODIN 1590, L. III, C. VII, p. 283)7.

Así, el papel de paterfamilias o rector de un cuerpo estaba asociado tanto a derechos como a deberes, tanto hacia las personas sometidas a él como hacia las cosas que este administraba. En primer lugar, el deber de no abandonar “sus cosas” y “sus personas” sin cuidado: el abandono y la soledad habrían supuesto un riesgo de fracaso no sólo del cuerpo (la ruina y la improductividad de los bienes, el abandono y la pobreza de las personas), sino de la comunidad más amplia en la que estaba inserto, como un conjunto de cajas chinas unidas por lazos de responsabilidad solidaria (fiscal, religiosas, etc.).

Me parece llamativo que, en el lenguaje de la baja edad media y del Antiguo Régimen – y todavía hoy, sobre todo y no por casualidad en el contexto de las sucesiones hereditarias – a los parientes de los muertos se les llamen “deudos”. Si nos fijamos en la definición de “deuda” que se encuentra en el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias Orozco (Madrid 1611), se indica explícitamente por qué hay esta yuxtaposición:

“DEUDA”, lat. Debitum. Si es de dinero es alienum. Deudor, el que deue. Proverbio. El deudor no se muera, que en pie se estará la deuda, por quanto aquel hombre podria boluer ad pingiorem fortunam. Deuda, la parienta, y deudo, el pariente; por lo que deuemos, primero a nuestros padres, y de allí en orden a todos los conjuntos en sangre.

En esta visión del mundo, podría decirse que los sujetos ya nacían con una deuda hacia sus padres, con independencia de la capacidad, aun inexistente, de expresar la voluntad propia. Sin embargo, si se examina más de cerca, en un sentido común los deudos no son los parientes en general, sino algunos parientes en particular. Los llamados a la sucesión y los responsables de los ritos funerarios: «Los deudos son, en última instancia, quienes se encargarían de […] preparar el último ritual y crear […] ritos mortuorios» (UMIRE ÁLVAREZ 2013, p. 2012).

Esto queda más claro si observamos cómo se construye esta deuda en las Siete Partidas:

Partida IV, Título XIX. Como deuen los padres criar a sus fijos: e otrosí como los fijos deuen pensar de los padres, quando les fuere menester.

Piedad e debdo natural, deuen mouer alos padres, para criar alos fijos dándoles, e fazendoles lo que es menester, segund su poder. E esto se deuen mover a fazer, por debdo natural. Ca si las bestias, que non han razonable entendimiento, aman naturalmente, e crian sus fijos, mucho mas lo deuen fazer los omes, que han entendimiento, e sentido sobre todas las otras cosas. E otro si, los fijos, tenudos son naturalmente, de amar, e temer, a sus padres, e de fazer les honrra, e seruicio, e ayuda, en todas aquellas maneras que lo pudiessen fazer.

Según las Siete Partidas, por tanto, era lícito afirmar que al nacer ya se tiene una relación de deuda con los padres. El fundamento de esta deuda era la “fuerza de la crianza”:8

Partida IV, Título XIX, Ley I. Que cosa es criança, e que fuerça ha.

Criança es vno de los mayores bien fechos, que vn ome puede fazer a otro porque todo ome se mueue a la fazer, con gran amor que han aquel que cria, quier sea fijo: u otro ome estraño. E esta criança, a muy gran fuerça, e señaladamente la que fase el padre al fijo, ca como quier quele ama naturalmente, porquel engendro, mucho más le cresce el amor, por razón de la criança que fase enel. Otrosi el fijo es más tenudo de amar: e de obedescer al padre porque el mismo quiso leuar el afán en criarle, ante que darle a otro.

Así pues, las razones naturales y todos los derechos, humano y divino, coincidían en que los lazos de sangre creaban vínculos naturales de amor y responsabilidad solidaria entre los parientes. Pero, como hemos visto, de hecho, es la crianza la que estrecha estos lazos y crea obligaciones, aun con el “extranjero”:

Partida IV, Título XIX, Ley II. Por que razon e em que manera son tenudos los padres de criar a sus fijos: maguer non quisiessen.

Claras razones e manifiestas son, porque los padres, e las madres, son tenudos de criar a sus fijos. La vna es, mouimiento natural, porque se mueuen todas las cosas del mundo, a criar e guardar lo que nasce dellas. La otra es, por razón del amor que an con ellos naturalmente. La tercera es, porque todos los derechos temporales e spirituales se acuerdan enello.

E la manera en que deuen criar los padres a sus fijos: e darles lo que les fuere menester: maguer non quieran es esta que les deuen dar que coman, e que beuan, e que vistan, e que calcen: e lugar do moren: e todas las otras cosas que les fuere menester, sin las quales non pueden los omes biuir. […] E si alguno contra esto fiziere, el judgador de aque lugar lon deue apremiar, prendándolo, o de otra guisa: de manera que lo cumpla, así como sobre dicho es. […] Otrosi dezimos: que los fijos deuen ayudar a proueer a sus padres, si menester les fuere pudiéndolo ellos fazer: bien assí, como los padres son tenudos a los fijos.

Podríamos detenernos en leer las Partidas, pero espero haber fundamentado ya suficientemente mi argumento. Lo que quiero decir es que no se trata sólo de la recepción del derecho romano sobre el derecho de alimentos (GUTIÉRREZ BERLINCHEZ 2004; GROPPI 2010) (de hecho, podríamos discutir sobre cómo este tipo de argumentos se encuentran también en el confucianismo o en la cultura védica, y claramente no son específicos de la cultura “occidental”, JUNG 2019; LIM 2019). Nos encontramos, yo creo, más en general ante una entera concepción del vínculo social: el concepto de “deudo” lo encontramos en el pensamiento de Antiguo Régimen dentro de una constelación de conceptos como los de amor, amistad y fidelidad. “Deudo” es el vínculo que construye la sociedad de cuerpos, que une y obliga familias, amigos y vasallos mutuamente en una República. 9

Como nos han enseñado – entre otros – António Manuel HESPANHA (1993), Bartolomé CLAVERO (1991, 2012), o Javier BARRIENTOS GRANDÓN (2004), en este mundo las obligaciones morales son en realidad obligaciones jurídicas, y los “sentimientos” forman vínculos sociales (CARDIM 1999; CARDIM 2000). Cuidar de una persona, por tanto, creaba vínculos y los vínculos creaban derechos mutuos. La deuda es lo que unía a la familia, igual que el vasallo al señor, el amigo al amigo. La deuda es lo que cimentaba las relaciones sociales estables: sin gratitud y lealtad, los seres humanos estarían aislados y solos en el mundo. Y la deuda conlleva responsabilidad y obligación. Así pues, como hemos dicho, Dios, la naturaleza y las leyes humanas apuntaban todas en la misma dirección: la de crear cuerpos conformados por personas y cosas, unidas por lazos mutuos de deuda y responsabilidad solidaria, teniendo como objetivo último la reproducción de la sociedad.10

La responsabilidad del mantenimiento de los parientes se puede leer como parte de un marco más general de responsabilidad del rector de cuidar a las personas que pertenecían a su propio cuerpo. Es bien conocida la historia del derecho de alimentos: ya en el segundo siglo de la era cristiana existe una obligación legal de cuidado mutuo entre parientes, presente en varios pasajes del corpus justinianeo. Normas similares están presentes en los “fueros municipales” ibéricos de la Alta Edad Media, ya ante el proceso de traducción de las normas del derecho romano-canónico en las diversas “recopilaciones” del derecho real entre edad medieval y primera Edad Moderna. La situación no cambia a lo largo de toda la Edad Moderna, y se prolonga hasta la mitad del siglo XIX.

Lo interesante es observar cómo, en la cuestión de las obligaciones alimentarias, lo que contaba en el procedimiento de los tribunales era precisamente la apariencia de parentesco y no la prueba plena: debido a la gran dificultad de probar el parentesco, tanto en el derecho canónico como en lo civil, se intentó favorecer a la parte más débil (los huérfanos, los menores, las viudas, es decir los “miserables” en el sentido de CERUTTI 2003) mediante el procedimiento sumario y permitiendo la prueba del parentesco por presunción. En última instancia, se trataba de evitar el abandono de las personas hacia las que uno tenía el deber (de hecho, o de derecho) de cuidar.11

Así, por ejemplo, en la Partida Tercera, título 22, ley 7, se lee que el juez debía concederle al huérfano menor de 14 años la posesión de los bienes de su difunto padre, únicamente en virtud de las presunciones. Correspondía a quienes le acusaban de no ser hijo del difunto demostrarlo. Y, en este caso, los bienes del padre serían responsables de la “crianza” del hijo hasta su mayoría de edad:

Si por auentura […] ouiesse el huérfano enemigos, o estoruadores, e non ouiesse las prueuas, o defensiones tan cierta como le eran menester entonce bien puede el huerfano callar, e non es tenudo a responder al pleyto fasta que sea de la edad sobredicha criándose en los bienes de que fue entregado, e después quando fuere desta edad se podra mejor amparar por si, o por sus parientes, o por sus amigos. E esto mismo dezimos que deue ser guardado quando alguna muger finca preñada de su marido que fino, e demanda al judgador en nome de aquella criatura que tiene enel vientre quel entregen de los bienes que fueron de su marido, e los tenedores dellos dizen que non fue su muger legitima o que non fincara preñada del. Quedando ella prueuas, o presumciones que era su muger legitima, e que fincara preñada del, maguer las prueuas fuessen dubdosas, e non lo dixessen claramente, deue ser apoderada por juizio de aquellos bienes […] e puede biuir e mantener se en ellos.

Por lo tanto, la presunción por sí sola era suficiente para probar el parentesco, o al menos invertía la carga de la prueba sobre la parte contraria, en el caso de la protección de los intereses de las viudas y los huérfanos que reclamaban la herencia del familiar fallecido. Del mismo modo, debía darse el mismo trato al hijo que pidiera una pensión alimenticia a su padre. La prioridad era, pues, garantizar que los cuerpos formados por las cosas y las personas permanecieran unidos, y que unas y otras se encargaran de la reproducción mutua: en este sentido, es la propia “herencia” la que ocupaba el lugar del difunto en su papel de responsabilidad hacia los “menores” (huérfanos, viudas, etc.).

Podrían citarse muchos ejemplos, pero centrémonos en los procedimientos de los llamados autos sobre bienes de difuntos, procedimiento mediante el cual, ante la Casa de la Contratación de Sevilla, un familiar podía reclamar los bienes de un difunto en los Reinos de Indias. Jerónima Monte, madre de Ysabel Monte de Gaya, en 1615 se presentó ante la Casa de la Contratación para revindicar los bienes de Gaspar de Gaya, un sevillano fallecido en China, a favor de su hija menor Ysabel. Los testigos que presentó para demostrar que Ysabel era su hija legítima afirmaban todos saber

que durante el dicho matrimonio entre los suso dichos ubieron y procrearon por su hija lizítima […] a doña Ysabel Monte de Gaya por que como tal se le a visto criar tratar nombrar y alimentar llamándole hija y ella a con susso dichos Padres y en esta opinión y reputación an sido siempre avidos y tenidos sin aver cossa en contrario.12

Nos encontramos ante la prueba clásica de la quasi possessione filiationis, o posesión de estado. El hecho de que una hija hubiera sido tratada como legítima durante toda su vida, sin que nada indicara lo contrario, la colocaba en posesión de un estatuto que, por tanto, le permitía tomar posesión de los bienes hereditarios de su padre. Y en este sentido, los jueces de los tribunales del Antiguo Régimen europeo tenían muy claro que las acciones, y especialmente las acciones de “cuidado”, eran capaces de transformar la naturaleza misma de las relaciones, al igual que ocurría con la posesión de las cosas (BUONO 2019; BUONO 2020a; BUONO 2023a).

¿Qué sucedía, entonces, si se hacía caso omiso de este vínculo de responsabilidad? El vasallo podía recurrir a los tribunales del soberano para reclamar este derecho, como ocurre en el caso de las esposas de emigrantes españoles que iban a América y abandonaban a sus familias. Se trata de los conocidos expedientes de vida maridable: mediante una “carta requisitoria”, las mujeres abandonadas podían acudir ante la Casa de la Contratación de Sevilla (pero también ante el obispo) para exigir la detención del marido y padre moroso (más raramente esposa y madre), la repatriación del hombre con todas sus posesiones y/o que se cumpliese la obligación alimentaria del esposo hacia su esposa e hijos.

Como es bien sabido, para obtener una licencia de salida hacia los Reinos de las Indias, un hombre casado debía recibir una autorización de su esposa, en donde se establecía un límite de tiempo dentro del cual debería regresar (SALINERO 2007). Una mujer abandonada, por lo tanto, podía denunciar ante la Casa de la Contratación que su marido no había regresado, pidiendo así “recuperar la posesión” de su vida conyugal (TESTÓN NÚÑEZ, SÁNCHEZ RUBIO 1997; GÁLVEZ RUIZ 2000; ALMORZA HIDALGO, ROJAS GARCÍA 2015; MACÍAS DOMÍNGUEZ, CANDAU CHACÓN 2016; PASCUA SÁNCHEZ 2016). Por ejemplo, una mujer podía solicitar que los jueces “embarquen [al hombre] con sus bienes y se envíe a esta Casa para que yo sea pagada de mi dote y me alimente yo y la dicha su hija” (GÁLVEZ RUIZ 2000, p. 1163).

De hecho, se trata de una acción por la cual se pide que se le devuelva la posesión de lo que los juristas del derecho romano-canónico han codificado a lo largo de los siglos anteriores como un verdadero “ius in re aliena”, una “quasi-servidumbre en el cuerpo” del esposo. La mujer pide ser restaurada en el derecho a la vida en común, a la llamada “vida maridable”, una especie de derecho que se puede reclamar “en” el cuerpo del cónyuge, como nos ha bien mostrado Marta Madero:

Puede decirse que el tratamiento de las demandas de restitución conyugal, que recurre sistemáticamente a las acciones posesorias y petitorias, se remonta a los años 1170 como muy pronto, y experimenta una clara intensificación bajo Inocencio III – seis decretales están fechados entre 1198 y 1209, lo que confirma la inclinación de los canonistas a tratar las relaciones más diversas en términos de derechos reales

De hecho, las mujeres que acuden a la Casa de la Contratación (o al Obispado de Cádiz) solían pedir que se les devolviesen sus maridos (con todos sus bienes), para obligarles a cumplir con sus obligaciones de cuidado. Y para ello, dice Juan de Solórzano Pereira, los alcaldes del crimen de las Audiencias de las Indias estaban llamados a ser especialmente vigilantes para que los hombres no abandonasen a sus familias:

Dexando muchas questiones de esta materia, que pueden ser comunes a las Audiencias de España, lo que en las de Indias tienen encargado muy en particular los Alcaldes del Crimen dellas, i privamente a los Oidores de sus mesmas Audiencias, es, que busquen, i pesquisen con gran cuidado i diligencia los hombres casados, que aviendo dexado en España a sus mugeres, passaron i se detienen en aquellas provincias, i les compelan a que buelvan a hazer vida maridable con ellas. […] I este cuidado, i mandato es mui antiguo en las provincias de las Indias […] i fúndase en lo mucho que conviene, que los casados hagan vida maridable, pues el matrimonio toma de aí lo mas de su definición, i de que no puedan apartarse, ni privarse voluntariamente de su cohabitación, i comunicación, como consta de muchos textos, i dotrinas de Santos i profanos Autores

Según Solórzano Pereira, esta cuestión del abandono de las personas era especialmente urgente en las relaciones con las Indias. ¿Cómo podían estas mujeres reclamar a sus maridos? Habitualmente, se constituían en tribunal como “pobres” y en peligro de “ruina”, y demandaban tanto recursos económicos como sociales. La ausencia de sus maridos no sólo las ponía en peligro material, sino que también las condenaba al descenso social y a la pérdida del honor, con la consiguiente exclusión social de ellas y de sus hijos e hijas. Lo que permite la activación de la jurisdicción es por tanto precisamente el peligro de “escándalo” (FOSSIER 2009): se llama a la justicia para corregir un doble desequilibrio, social y material. La reunificación familiar tenía por objetivo evitar tanto la ruina material (falta de recursos para alimentar y criar niños, restitución de la dote, desequilibrio entre un marido que ha hecho “fortuna” en América y la pobreza de su familia, etc.), como la ruina social (ausencia del hombre que represente los incapaces y menores, peligro de promiscuidad de una mujer que se ve obligada a salir y trabajar fuera de casa sin control, ausencia de un hombre que eduque a los hijos y provea por las hijas, etc.).

Por ello, estas mujeres debían representar su estado como mujeres abandonadas, quienos como miserabilis persona merecían la protección de las autoridades que las salvarían de la “ruina”. Insisto mucho en esta noción de ruina porque en la segunda parte de este trabajo me gustaría establecer este paralelismo entre el riesgo de ruina de las personas y el riesgo de ruina de las cosas. Como dicho, ante la Casa de la Contratación una mujer abandonada podía reclamar no sólo la reunión con su marido, sino también con sus bienes y esto tanto en vida como después de su muerte. Esto nos ofrece la oportunidad de analizar, desde la perspectiva de la jurisdicción del soberano, la relación existente entre los expedientes de vida maridable y los expedientes de bienes de difuntos. En mi opinión, hay que destacar aquí una misma idea: la de un rey que, como padre y administrador del Reino, ejercía una tutela sobre todas las cosas y personas.

La idea del rey como “soberano tutor” – desarrollada por Luca MANNORI (1990; 1994) con referencia particular al caso del Gran Ducado de Toscana – es algo que se puede encontrar tanto en las recopilaciones de los reyes ibéricos medievales, como en la tratadística de antiguo régimen (AGÜERO 2009; GARRIGA 2009). 13 En las Siete Partidas, los deberes del rey para con el reino se describen de la siguiente manera:

Tenudo es el rey no tan solamente de amar, e honrar e guardar a su pueblo […] más aun a la tierra misma, de que es Señor. Ca pues que el e su gente, biuen delas cosas, que en ella son. E han della, todo lo que es menester, con que cumplen e fazen todos sus fechos derecho es la amen, e la honrren, e la guarden

¿Y qué significa esto en concreto?

Acucioso debe el rey seer en guardar su tierra de manera que non se yermen las villas nin los otros logares, nin se derriben los muros nin las torres nin las cosas por mala guarda. Et otrosi que los árboles, nin las viñas nin las otras cosas de que los homes viven, non las corten, nin las quemen, nin las derraiguen nin las dañen de otra manera, nin aun por enemistad que hayan los unos contra los otros

Esto nos lo explicó muy bien hace muchos años Paolo GROSSI (1972; 1977; 1992): el dominio se concibe en la época medieval y pre-moderna como una relación de uso, y no como una relación de poder absoluto de un sujeto y de su voluntad, sobre un objeto inerte. Por esta razón, se protege la persona que realmente posee y utiliza las cosas, incluso a expensas del abstracto “título de propiedad”.14 Y esto, por ejemplo, está muy claramente establecido en las Ordenações Afonsinas del Reino de Portugal. La posesión de un patrimonio no conllevaba el derecho a abusar del mismo e implicaba la prohibición de dejarlo desatendido. Puesto que la relación de dominio sobre las cosas, según el mandato divino, servía a la reproducción de las familias y de la respublica en su conjunto, no podía recaer sobre personas irresponsables e indignas de confianza:

Alguūs moradores nos lugares dos estremos dos Nossos Regnos se vaaõ morar aos Regnos de Castella, e teem seus beēs em os Nossos Regnos, e d’onde moram e vivem veem adubar seus beēs, e colher os fructos, e os levam, e fazem delles o que lhes apraz; e quando assy vaaõ, e veem, fazem muitos homezios, e furtos, e outros maleficios, e acolhem-se aos Regnos de Castella, honde moram e vivem: seguindo-se desto aa Nossa terra, e moradores muitos dapnos. [...] Qualquer, que beēs tever em Nossos Regnos, que venha a elles morar e viver, ou os venda da dada desta nossa Carta ataa hum anno; e qualquer que o contrairo fezer, perderá os beēs que tever pera Nós, e que os daremos a quem nossa mercee for

Esto, según el ius commune15 , justificaba la intervención del soberano como rector supremo de la república, y le permitía romper los vínculos sociales entre las cosas y las personas y reconfigurarlos de forma más provechosa para el bien común:

Consirando como por todas as partes de nossos Regnos ha desfalicimento de mantimento de trigo, e de cevada, […] e esguardando como antre todalas razooēs, per que este desfalicimento e carestia vem, mais certa e especial he per mingua das lavras, que os homeēs leixam, e se partem dellas entendendo em outras obras, e em outros mesteres, que nom som tam proveitosos pera o bem comuum; e as terras e herdades, que soyam a seer lavradas e semeadas, e que som convinhavees pera dar pam, e outros fruitos, per que se os Povoos ham de manter, som desamparadas, e deitadas em Ressios, sem prol, e com grande dapno do Povo.

[…] Estabelecemos, hordenamos, e mandamos, que todos os que ham herdades suas proprias, ou teverem emprazadas, ou afforadas, ou per qualquer outra guisa ou titulo, per que ajam direito em essas herdades, sejam costrangidos pera as lavrar, e semear; e se o Senhorio das ditas herdades nom poder per sy lavrar todalas ditas herdades que ouver, por ferem muitas, ou em desvairadas Comarcas, ou elle for embargado por alguma lidima razom, por que as non possa per sy lavrar todas, lavre parte dellas per sy, […] e as mais faça lavrar per outrem […] de guisa que as herdades, que som pera dar pam, sejam todas lavradas e aproveitadas, e semeadas compridamente, como for menester, de trigo, ou cevada, ou de milho, per qual son, e que mais fruito e melhor possa dar em seus tempos e sazooēs convinhavees.

[…] E se os Senhores das herdades por suas negrigencias nom quiserem comprir todo esso, […] as Justiças dos lugares, ou aquelles, a que pera esto for dado poder, dem essas herdades a quem nas lavre, e semee sob certo tempo, e por pensom, ou parte certa; e o Senhor da herdade nom a possa filhar despois per sy, nem tolher durando o dito tempo, aaquelle, a que assy afoi dada; e effa parte, ou penfom, que o lavrador assy houver de dar, seja pera o bem do comuum, em cujo termo effas herdades jouverem; mais nom feja dada, nem defpeza em nenhuum uso, se nom per nosso mandado especial.

De ahí que “las heredades que están destinadas a dar pan”, debiesen ser todas trabajadas, y explotadas, y se consideraba justo que el propietario irresponsable, así como el padre irresponsable, fuesen obligados a hacerse cargo de su familia y patrimonio, bajo pena de ser desposeídos de sus bienes y de sus hijos si éstos corriesen peligro de ruina. En palabras del juez del Parlamento de Toulouse Jean de CORAS (1561):

Si por las comunes y ordinarias reglas de derecho está, con gran razón, prohibido secuestrar bienes, es decir, separarlos de la mano y del poder del poseedor [...] con mayor razón aún debe prohibirse el secuestro y la separación de personas, especialmente cuando se desea apartarlas de la compañía de quienes están estrechamente relacionados con ellas, como padres, madres, hijos u otros parientes cercanos.

Y por el contrario también, así como cuando hay una causa buena y suficiente, (como es el temor, de que las partes puedan llegar a las armas, y la suposición de la huida, o de la pobreza) es indudablemente permitido secuestrar los bienes muebles, el fruto de los bienes inmuebles, de manera similar a las personas no debe hacer dificultad, que cuando hay alguna sospecha, y temor de seducción, u otra causa legítima, el Juez no pueda proceder justamente al secuestro de un hombre, o una mujer, y ponerla en compañía de buenas personas, que le impidan hablar, y conversar con personas sospechosas

Así que, volviendo al paralelo planteado unas líneas antes, si nos preguntamos qué tiene en común el procedimiento que permite la recaudación de los bienes de difuntos con los expedientes de vida maridable, la respuesta recaería en una misma idea: la de que ni las cosas ni las personas debían permanecer aisladas, estériles o infértiles. El rey debía protegerlas de sus dueños irresponsables y ausentes y entregarlas a quienes cuidasen de ellas por el bien tanto individual como colectivo. Cada cosa y cada persona tenía su tarea en el plan del orden divino y natural, y la tarea del buen rector era, por tanto, dirigirlas hacia su fin último.

A través del establecimiento de los Juzgados de Bienes de Difuntos en cada una de las Reales Audiencias indianas durante la primera mitad del siglo XVI, la Corona hispana buscó establecer una jurisdicción especial y privativa, destinada a garantizar que los bienes hereditarios de los “naturales de los Reinos de España” que fallecían en los territorios coloniales sin tener sucesores en el lugar fueran sometidos a tutela preventiva, inventariados, administrados temporalmente y luego vendidos en subasta. Al final del proceso, las cantidades resultantes de la venta en subasta serían transferidas a la Península Ibérica y, una vez en Sevilla, estas partidas de “bienes de difuntos” quedaban bajo la tutela de la Casa de Contratación, encargada de localizar a los legítimos herederos, revisar sus títulos y entregarles los bienes (SOBERANES FERNÁNDEZ 2010; FERNÁNDEZLÓPEZ 2015).

Los Juzgados en las Indias, en conjunto con la Casa de Contratación en España, llevaban a cabo principalmente tres funciones esenciales. En primer lugar, actuaban como ejecutores testamentarios institucionales para aquellas personas que carecían de familia u otras redes capaces de dar cumplimiento a las últimas voluntades de los difuntos, o en casos en los que los ejecutores testamentarios no cumplían con sus deberes. En segundo lugar, protegían los derechos de los herederos ausentes o aún no identificados, así como los de los acreedores, y, sobre todo, los derechos de la “herencia yacente” considerada como una persona ficta (a través de medidas como el embargo preventivo de los bienes, el inventario, la búsqueda y el cobro de los créditos del difunto, etc.). Por último, con este procedimiento se pretendía evitar que los bienes de los difuntos, bajo la tutela de un defensor de bienes de difuntos, quedaran abandonados y fueran objeto de apropiaciones indebidas por parte de personas sin derecho, así como proteger los derechos del fisco regio sobre las herencias vacantes (BUONO 2020b).

Para concluir, me gustaría poner como ejemplo un caso específico: el de la hacienda conocida como “Sierra del Agua”, que perteneció a un hombre llamado Baltasar Mexía de la Plaza, un castellano que se trasladó a los Reinos de Indias a principios del siglo XVII para hacerse cargo de una herencia, y que falleció a mediados del mismo siglo en Guatemala. La historia es compleja, pero para resumirla brevemente, esta hacienda, que consistía en una serie de tierras de cultivo de trigo con un aserradero accionado por un molino de agua, fue objeto de una disputa entre varios herederos avecindados en Santiago de Guatemala y el hijo de Baltasar Mexía, Francisco Mexía Garcés, vecino y residente de Madrid. La propiedad fue asignada a este último, heredero ausente, el cual, a diferencia de su padre, nunca se trasladó al Nuevo Mundo y, por ende, nunca tomó posesión efectiva de la hacienda. El heredero dejó la Sierra del Agua bajo la administración de un representante, un licenciado de Santiago de Guatemala llamado Martín Diégues.17

Cuando falleció el administrador, el defensor de bienes de difuntos de la Audiencia de Guatemala denunció el estado de abandono de esta herencia. Al solicitar la intervención del juez de bienes de difuntos, el defensor de las herencias yacentes calificó estos bienes como bienes en peligro de ruina, permitiendo que se colocasen bajo la tutela del juez:

al Presente – dice el defensor, la hacienda – está totalmente […] desipada y arruinada por aber vendido el dicho [administrador] la mayor parte de los esclavos que tenía, dejado caer las cassas, vendido los ganados de tal manera que según tengo notiçia está ynavitable sola y tottalmente perdida.18

Para probarlo, el defensor de bienes de difuntos ofreció al Juzgado una “Información de estar ausente el heredero”, en la cual se recogen los testimonios de los vecinos del lugar que dicen saber por ser “público y notorio” que “[h]oy está la dicha hasienda de la Sierra del Agua disipada, perdida y arruinada”, razón por la cual es “útil y necessario […] se venda luego – la hacienda – por que no acave de perderse”.19

Tanto en este caso como en otros, más que defender los “derechos de propiedad” de los herederos, el Juzgado de bienes de difuntos trataba de garantizar una transmisión ordenada de responsabilidades, buscando a alguien que se hiciera cargo de las cosas: fuese un propietario local o un vecino de confianza, lo que se buscaba, en definitiva, era alguien que asegurase la reproducción de los recursos locales. A través de la intervención de testigos y vecinos de Guatemala, el defensor de bienes de difuntos logró cualificar los bienes como ‘abandonados’ y en peligro de ruina. Esto permitió activar el procedimiento del Juzgado de bienes de difuntos, que condujo a la subasta de los bienes del heredero ausente, beneficiando evidentemente a los vecinos del lugar. El heredero que permanece en España y no ocupa directamente estos bienes, sin cuidarlos ni utilizarlos, solo podía esperar recuperar en la Casa de la Contratación de Sevilla una compensación monetaria, generalmente inferior al valor del patrimonio, reducida por todos los costes del procedimiento.

En conclusión, hemos observado dos procedimientos paralelos que se aplican a la tutela de las personas y las cosas, los cuales reflejan la ideología constitucional del ‘soberano tutor’ del antiguo régimen: ninguna persona ni cosa debían permanecer solas, aisladas o estériles. Por lo tanto, el rey reclamaba esta tutela universal sobre todas las cosas y personas de su reino, justificándola con el objetivo de proteger el orden y asegurar la reproducción de dicho orden.

En realidad, esta protección es una operación continua de calificación de la realidad que otorga a este soberano guardián el poder de mudar las relaciones entre las cosas y las personas a través de su jurisdicción y administración œconomica. Y estas operaciones podían hacerse al declarar el peligro de ruina de las cosas y las personas, es decir, declarando un estado de necesidad que activase lo que los teólogos y juristas de la escuela de Salamanca llamaban un dominium altum.

Estamos, si se quiere, todavía en la senda de las Siete Partidas 20, y de su reinterpretación a la luz del cambiante contexto de principios de la Edad Moderna. Puesto que todas las cosas fueron creadas originalmente para el beneficio común de la humanidad – dicen autores como Francisco Suárez – aunque el Rey no tenga un poder arbitrario para desposeer a un dueño, era como si, después de que las cosas hubieran sido distribuidas a diferentes individuos y familias, a través del ius gentium o derecho positivo, conservaran “una servidumbre hacia el cumplimiento del bien común” (quasi servitutem respectu boni publici), permitiendo su reasignación en caso de uso contrario al originalmente previsto.21 Esto era lo que Suárez llamaba el dominium altum, un derecho supraordenado y más ‘general’ a los derechos de los individuos ‘particulares’ (dominium particularis), que pertenecía al Príncipe – como cabeza y padre del Reino, su administrador supremo y otorgador de sus recursos (potestas supremi dispensatoris et administratoris bonorum reipublicae) – pero más en general a todos y cada uno de los cuerpos en su propio orden particular (MACCIONI 1966, p. 50).

De hecho, cada cuerpo es una familia/república y cada padre/rector puede y debe utilizar su poder œconómico, cuidando y administrando las cosas y las personas que le han sido confiadas, para reproducir el orden. En última instancia, toda relación conllevaba una responsabilidad, y todo padre/dueño/administrador tenía el deber de cuidar de sus cosas y de los miembros de su familia: si no lo hacía, podía ser desposeído, y se llamaría a un nuevo padre/dueño/administrador para que cumpliese con este deber por el bien común.